La Nación (sábado 23 de enero de 2010)
Según el Observatorio de Pueblo Indígenas, organismo que patrocinó la acción judicial, la decisión marcó un “precedente histórico”, por cuanto la principal fundamentación para suspender la resolución fue que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa incurrió en ilegalidad por falta de consulta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 7 del Convenio.
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