Una desaparición forzada en Chile

En estos días, el gobierno ha reaccionado ante una denuncia en relación con la desaparición forzada de José Huenante. El hecho ocurrió en septiembre de 2005 y se produjo tras la detención por parte de Carabineros, quienes fueron vistos subiendo al carro policial a Huenante, quien tenía en ese momento 16 años. Desde entonces, su paradero se desconoce. Pasaron casi cuatro años para que, en marzo de 2009, tres carabineros fueran formalizados por los delitos de secuestro y sustracción y dados de baja.

Por Jorge Contesse Singh, director Centro DDHH UDP

La reacción del gobierno es preocupante por al menos tres razones: por boca del Ministro José Antonio Viera-Gallo, se critica el hablar, en su opinión incorrectamente, de desaparición forzada de personas. En segundo término, en vez de discutir el fondo de lo que se denuncia el gobierno se enfrasca en una discusión semántica infructuosa. Por último, el ministro ha manifestado que el caso consiste en “tres carabineros que se deshacen del cuerpo de un asesinato”. Conviene detenerse en estas afirmaciones, especialmente porque el gobierno acusa al Informe sobre derechos humanos UDP de confundir a la opinión pública. Lo cierto es que la confusión reside en La Moneda.

Según Viera-Gallo “en el concepto de detención y desaparición forzosa de personas hay detrás una idea de persecución” ya sea política o religiosa, por lo cual, dado que en Chile no existe -como sí ocurría durante la dictadura militar- una política de Estado de desaparición forzada de personas, la calificación del hecho que hacemos sería incorrecta. El Ministro se equivoca. Y es que los estándares internacionales a los que Chile se ha vinculado, y que el Ministro Viera-Gallo suele festejar, señalan que se entiende por desaparición forzada de personas “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

No hay, como se ve, en la definición de la Convención Internacional contra desapariciones forzadas -que Chile ha firmado- alusión a contextos de persecución política o ideológica. Se trata de un requisito que el gobierno inexplicablemente ve en la definición pero que en verdad no está allí. Por tal motivo, porque José Huenante fue detenido por agentes del Estado quienes han ocultado, hasta el día de hoy, su paradero, el caso relatado es, a pesar de la molestia de La Moneda, un caso de desaparición forzada en democracia. Eso es lo que se ha denunciado.

Pero además, llama la atención que el gobierno no se haga cargo de la acusación y evite señalar cuáles han sido las gestiones que ha realizado para esclarecer el hecho, desviando la atención del público y generando una discusión inconducente sobre el uso de las palabras cuando en los hechos hay una familia en Puerto Montt a quien la justicia se le ha negado por más de cuatro años. De ello debiera responder el gobierno.

Y, por último, sorprenden las afirmaciones del secretario de Estado, quien se refirió a un “asesinato”. El caso es conocido como secuestro, no homicidio. ¿Sabe algo el ministro que los tribunales no? En tanto funcionario público, él tiene obligación de entregar esos posibles antecedentes. En tanto autoridad política, la ciudadanía demanda una respuesta clara y tajante, tal como él nos la exigió.

Publicada en La Tercera, 28 de noviembre de 2009