Indigno, por decir lo menos, es el rol que la delegación chilena ha estado jugando en el marco de las negociaciones de cambio climático, cuya más reciente instancia se llevó a cabo en Bangkok.
Eduardo Giesen*
Liderando un grupo de delegaciones latinoamericanas, boicoteó una declaración de los países en vías de desarrollo, reunidos en el G77, que buscaba rechazar las maniobras de los países del Anexo-1 del Protocolo de Kioto orientadas a desmantelar este reglamento que impone metas vinculantes de reducción de emisiones sólo a estos países sobre la base de su responsabilidad histórica y su capacidad para actuar.
Ya antes, en el Foro Iberoamercano de Ministros de Medio Ambiente realizado en Santiago a comienzos de septiembre, la representación chilena había sido el principal obstáculo para la mención a la “deuda histórica” en la declaración final, demostrando su lealtad a las delegaciones española y portuguesa presentes en la reunión.
¿Es tanta la ansiedad gubernamental por que nuestro país sea por fin admitido en la OECD, que se rebaja a traicionar las iniciativas orientadas a un acuerdo internacional que permita enfrentar la crisis climática de una manera justa y efectiva?
¿Es tanta su obsesión por favorecer los intereses privados -nacionales y multinacionales- que más se beneficiarían de la intensificación del mercado de carbono propuesta por los países ricos, y que permitiría a éstos continuar evadiendo sus obligaciones de reducción de emisiones?
A dos meses de la Conferencia de las Partes en Copenhague, ya es tiempo que el Gobierno chileno exponga públicamente sus posiciones oficiales y aclare qué es lo que espera lograr en la capital danesa. Cada vez se comprueba con mayor nitidez que la postura de Chile no tiene por objetivo hacer un aporte sustancial a la lucha contra el calentamiento global, ni menos asumir a cabalidad la representación de nuestro país en su condición de altísima vulnerabilidad al cambio climático y como acreedor de la enorme deuda climática y ecológica contraída por los países del norte.
Al igual que en sus políticas energéticas, en las instancias internacionales el Goberno prioriza por los intereses corporativos, en perjuicio de los grupos y comunidades más afectados por el cambio climático en la actualidad y en el futuro.
Pero, afortunadamente, el cambio climático, como las problemáticas ambientales locales y nacionales, ocupa cada vez mayor espacio en las agendas y preocupaciones de las organizaciones y movimientos sociales, y es bueno que las autoridades y delegados nacionales tengan claro que, aunque las negociaciones ocurran en lugares remotos como Copenhague en diciembre y previamente en Barcelona a comienzos de noviembre, los estamos observando.
* Ambientalista
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