Faltan dos permisos necesarios para iniciar las obras
Activistas reclaman moratoria para Pascua Lama
Mientras
la corporación canadiense Barrick Gold se apronta a iniciar la
construcción de la mina Pascua Lama en Argentina y Chile, activistas de
este último país exigen una “moratoria minera” para que se investiguen
supuestas irregularidades cometidas en la aprobación del proyecto.
El Ciudadano, Domingo 17 de mayo de 2009
La
oposición ciudadana a Pascua Lama se reactivó con fuerza el 7 de este
mes, cuando la trasnacional anunció simultáneamente en Toronto,
Santiago y Buenos Aires que tenía los permisos necesarios para iniciar
la construcción de la mina en la frontera chileno-argentina, lo que
podría concretarse en septiembre, cuando comience la primavera austral,
o inclusive antes.
Hace
algunas semanas, los gobiernos de Chile y Argentina, que aprobaron el
proyecto desde el punto de vista ambiental en 2006 y 2007,
respectivamente, alcanzaron un acuerdo en torno a la fórmula de
tributación de la empresa. A esta difícil negociación bilateral Barrick
atribuía toda la demora en el comienzo de los trabajos.
La
noticia de la construcción de la mina encendió alertas de los
activistas. Pero el hecho que terminó por irritarlos fue la
participación del ministro de Minería de Chile, Santiago González, en
la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la información.
En
esa oportunidad, el secretario de Estado declaró que Pascua Lama “tiene
una gran importancia” para el gobierno, puesto que será el primer
proyecto minero binacional del mundo y el primero que se ejecuta en el
marco del cuestionado tratado sobre integración y complementación
minera, suscrito por Chile y Argentina en 1997.
Similar
discurso formuló la presidenta argentina Cristina Fernández, que
recibió a los ejecutivos de Barrick en la Casa Rosada, sede del
gobierno.
Pero
cinco días después, el 12 de este mes, el director general de Aguas de
Chile, Rodrigo Weisner, abrió la polémica al señalar que ese organismo,
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, todavía estaba analizando
dos permisos necesarios para iniciar las obras.
En
una entrevista con IPS por correo electrónico, el vicepresidente de
Asuntos Corporativos de Barrick Sudamérica, Rodrigo Jiménez, señaló que
la empresa cuenta con los “permisos de construcción claves” que “le
permiten comenzar a asignar contratos y a movilizarse para el
desarrollo de infraestructura”.
Para
cuando empiece la construcción “a gran escala”, en septiembre o antes,
la empresa tiene previsto contar con las autorizaciones aún en trámite,
especificó.
Para
los opositores a Pascua Lama, este confuso escenario es la última de
las múltiples irregularidades del proceso de evaluación y aprobación de
este proyecto, que requerirá una inversión de entre 2.800 y 3.000
millones de dólares.
El
yacimiento de oro y plata, que se explotará a cielo abierto, se ubica
en la cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altura. Setenta
y cinco por ciento del mineral está en la norteña región chilena de
Atacama y el resto en la noroccidental provincia argentina de San Juan.
Hace
años que se oponen al proyecto organizaciones ecologistas, habitantes
del chileno Valle del Huasco, representantes de la Iglesia Católica,
indígenas diaguitas que reivindican como propio el terreno de la mina y
activistas nacionales y extranjeros.
Su
principal temor es el eventual daño a los tres glaciares existentes en
la zona y la contaminación de los cursos de agua cordilleranos que
nutren al agrícola Valle del Huasco, el único del norte de Chile que
aún no ha sido intervenido por la gran minería, dicen.
Desde
su perspectiva, la crisis hídrica que sufre el desértico norte es
responsabilidad de la descontrolada expansión minera privada de las
últimas dos décadas.
Chile
otorgó en 2006 el permiso ambiental para construir la mina. Argentina
hizo lo propio al año siguiente. Tras ello, la empresa sometió a
evaluación otras partes complementarias del proyecto.
Según
los opositores a Pascua Lama, esto implicó que la iniciativa nunca fue
evaluada integralmente, sino de forma fragmentada, lo que impide
dimensionar su real impacto. Además, denuncian, muchos aspectos fueron
modificados sobre la marcha, pasando por alto la legislación ambiental.
En
un encuentro con corresponsales extranjeros el 14 de este mes, la
ministra de Medio Ambiente de Chile, Ana Lya Uriarte, reconoció que
varias partes del proyecto fueron aprobadas por separado, pero enfatizó
que la más crítica, referida a la construcción y operación de la mina
en la cordillera, se definió con criterios estrictos en 2006.
Por
otra parte, los activistas desconfían de la efectividad de los planes
de manejo y monitoreo de glaciares y cursos de agua diseñados por la
empresa para cumplir con la principal condición impuesta por el
gobierno.
Esta
plantea que “la compañía solamente accederá al mineral de manera tal
que no se produzca ninguna remoción, reubicación, destrucción ni
intervención física de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza”, como
había propuesto inicialmente la minera.
“Desde
el punto de vista del cuidado y uso de los recursos hídricos, por
ejemplo, se contará con 49 puntos de monitoreo que velarán por la
calidad del agua en el territorio chileno, de los cuales 26 son
automáticos”, además de 38 puntos en Argentina, aseguró el ejecutivo de
Barrick.
Además
de sostener que la mina “no modificará la calidad del agua”, Jiménez
planteó que el multimillonario acuerdo al que la empresa llegó con la
Junta de Vigilancia del Río Huasco, que contempla la construcción de
distintas obras hidráulicas, inclusive mejorará la actual
disponibilidad de agua en el valle.
Pero
antes de la aprobación del proyecto, la Dirección General de Aguas
(DGA) detectó retrocesos en los glaciares de la zona, atribuidos a los
largos trabajos de prospección y exploración de Barrick. Ese
diagnóstico fue refrendado por un estudio del Instituto Geográfico
Militar del Ejército, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y el no
gubernamental Programa Chile Sustentable.
“Se
prevé que al sexto año de construcción de esta mina, la empresa
destruirá además un glaciar rocoso, para instalar ahí el botadero de
residuos Nevada Norte”, aseguró el 11 de este mes la directora de Chile
Sustentable, Sara Larraín, en una columna de opinión. La ambientalista
también recordó la negativa fama internacional que posee la empresa en
materia de protección del ambiente.
Según
Rodrigo Jiménez, de Barrick, el mentado informe de la DGA “corresponde
a una inspección visual” que no se contrastó con mediciones técnicas.
En todo caso, de acuerdo a la versión del ejecutivo, durante el proceso
de calificación ambiental del proyecto habría quedado demostrado que
los glaciares presentan una “variación importante”, pero como
consecuencia de variables climáticas, como la corriente de El Niño o el
calentamiento global.
Ante
la consulta de IPS sobre si el gobierno puede asegurar que la
construcción y operación de la mina no afectará la calidad y cantidad
de agua del Valle del Huasco, la ministra Uriarte respondió que por sus
características el proyecto “requiere ser monitoreado mes a mes, día a
día, hora a hora, segundo a segundo”.
En
este aspecto, “el gran desafío que enfrenta nuestro país es (contar)
con una plataforma fiscalizadora”, como la que se discute hoy en el
parlamento, que incluye la creación de un ministerio de medio ambiente,
un servicio de evaluación de impacto ambiental y una superintendencia
de fiscalización ambiental.
Uriarte
espera que la nueva institucionalidad esté aprobada antes de que la
presidenta Michelle Bachelet termine su mandato, en marzo de 2010.
Según
la empresa, en la etapa de construcción Pascua Lama requerirá cerca de
5.500 trabajadores, y 1.600 en la fase de operación. Además, estima en
unos 4.000 los puestos laborales indirectos que podría generar.
Pero
mientras la empresa destaca su labor social, educativa y cultural en la
zona, en el Valle del Huasco, principalmente en la comunidad agrícola
huascoaltina, de origen diaguita, la acusan de “comprar conciencias”
con donaciones y dividir a las familias.
Si
se llegan a contaminan las aguas de los ríos, las pérdidas en
patrimonio natural, cultural y fuentes de trabajo serán
incalculablemente mayores a lo ofrecido por la empresa, alertan los
activistas.
El
14 de este mes, un centenar de activistas, principalmente jóvenes,
protestaron en la capital chilena frente al Ministerio de Minería para
manifestar su rechazo al inicio de las obras, denunciar irregularidades
y pedir una “moratoria minera”.
“Revisar
todo lo obrado en relación al proyecto Pascua Lama obliga, a nuestro
parecer, declarar una moratoria a todo emprendimiento que pueda
calificarse de gran minería química, que pretenda localizarse en las
nacientes de nuestras aguas o en ecosistemas de glaciar”, dice un
párrafo de la misiva que le hicieron llegar al ministro de Minería,
González.
“Aún
hay una serie de trámites pendientes y de irregularidades no resueltas
por el titular (Barrick), que nos parece que obliga a una reflexión más
de fondo ya no sólo sobre este proyecto en particular, sino sobre la
política minera y ambiental del Chile del bicentenario” de la
independencia del imperio español, a conmemorarse en 2010, acota el
texto.
Lucio
Cuenca, del no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos
Ambientales (OLCA), uno de los portavoces de la manifestación, repudió
el apoyo público que dio el gobierno chileno a la empresa, desoyendo
las demandas de una parte de la población.
A
juicio de los activistas, el ministro González actuó como “vocero” de
Barrick en la conferencia de prensa. Cuenca también expresó su
preocupación por “las reuniones privadas que ha sostenido la presidenta
Bachelet con altos ejecutivos de la empresa, que ni siquiera han sido
informadas a la prensa”.
Los
ambientalistas califican de extraña coincidencia el hecho de que ni
Bachelet ni la presidenta argentina promovieran leyes de protección de
glaciares.
Mientras
Cristina Fernández vetó una ley de esta índole aprobada por el
parlamento de su país, la mandataria chilena prefirió dictar una
política nacional, para avanzar “más rápido” en la preservación de
estos recursos, en vez de patrocinar una iniciativa legal que se
discutía en el Congreso.
La
ministra Uriarte aclaró que, además de impulsar la política, la
mandataria firmó decretos supremos que crean por primera vez un
registro de glaciares y que obliga a someter a evaluación de impacto
ambiental proyectos que puedan afectar estas reservas de agua. Pero los
ecologistas los consideran instrumentos débiles.
Asimismo,
tanto en Chile como en Argentina se ha cuestionado el peligro
patrimonial y para la seguridad nacional que reviste la aplicación del
tratado minero de 1997, puesto que éste crea una especie de zona
virtual en la frontera controlada por las mineras. En este sentido, los
ecologistas prevén que Pascua Lama abrirá la puerta a otros proyectos
mineros binacionales.
De
acuerdo a lo informado por la firma, las reservas de la mina alcanzan
los 17,8 millones de onzas de oro y 718 millones de onzas de plata. En
los primeros cinco años se espera una producción anual de entre 750.000
y 800.000 onzas de oro y de 35 millones de onzas de plata.
Si
se cumplen los plazos fijados por la empresa, la puesta en marcha de la
mina sería en 2012 y el inicio de la producción a inicios de 2013.
Mientras
tanto, las organizaciones contrarias al proyecto preparan la sexta
Marcha por la Vida, a realizarse el 13 de junio en Vallenar, Atacama.
También adelantaron que se intensificarán los contactos con los
activistas argentinos de San Juan y que se planificarán otras acciones
para evitar, como sea, la construcción de la mina.
http://www.elciudadano.cl/2009/05/17/activistas-reclaman-moratoria-para-pascua-lama/#more-8024