Lo que el mensaje de Bachelet omitió
Por José Aylwin*
El
21 de mayo pasado la presidenta Bachelet dio su última cuenta pública
al Congreso Nacional. En ella hizo un recuento de lo realizado
durante su gestión, refiriéndose extensamente a las políticas públicas,
propuestas legislativas, medidas económicas impulsadas durante su
mandato, y en particular en el contexto de la crisis financiera
internacional, a objeto de lograr la "protección social" que definió
como el sello de su gobierno. Se refirió a las acciones
impulsadas para "apoyar a los grupos más vulnerables, combatir las
discriminaciones, crear oportunidades para la clase media y reducir las
desigualdades". Resumiendo las que identificó como las "grandes
transformaciones sociales" impulsadas por su gobierno afirmó: "Hemos
avanzado hacia un Estado que protege a las personas. Hacia
una existencia más digna para todos los chilenos. Hacia una
política cada vez más ciudadana".
A
comienzos de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en
Ginebra, realizó el primer examen periódico universal de Chile.
Mediante este examen, instituido el 2006 luego de la creación de esta
instancia de la que Chile es parte, el Consejo analizó el cumplimiento
de los compromisos internacionales contraídos por nuestro país al
amparo de tratados y otros instrumentos de derechos humanos
voluntariamente aceptados. También en Ginebra este mes de mayo,
el Comité Contra la Tortura de la ONU examinó el quinto informe
periódico de Chile relativo al cumplimiento de la Convención Contra la
Tortura de la que es parte.
Si
bien ambas instancias valoraron algunos de los esfuerzos realizados por
el Estado chileno desde 1990 a la fecha en materia de Derechos Humanos,
la visión y conclusiones contenidos en sus respectivos informes
difieren radicalmente de aquellas que la Presidenta Bachelet presentó
en su mensaje al Congreso.
En
efecto, ambas instancias de la ONU, una compuesta por Estados, y la
otra por expertos independientes, manifestaron su preocupación
precisamente por la desprotección en que se encuentran las personas y
los pueblos que habitan el país en el ejercicio de sus más elementales
derechos humanos.
Así,
en el plano institucional ellas constataron que Chile no ha ratificado
diversos tratados internacionales que apuntan precisamente a reconocer
y a resguardar los derechos de la población, así como tampoco cuenta
con instituciones (defensorías u otras) que permitan una efectiva
protección de las personas frente a su violación; que no cuenta con un
sistema electoral que permita a los ciudadanos el adecuado ejercicio
del derecho de participación política; y que no reconoce en su
constitución política a los pueblos originarios.
En
materia jurídica, la ONU señaló que Chile mantiene vigente una ley de
amnistía que ha obstaculizado la justicia frente a los graves crímenes
ocurridos bajo la dictadura militar. Más grave aún, no cuenta con una
justicia independiente para juzgar los delitos, entre ellos homicidios,
la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, que los integrantes
de las fuerzas armadas siguen cometiendo en contra de la población
civil, en particular en contra de los defensores de derechos humanos.
La
ONU constató además que en Chile persisten situaciones de
discriminación que al amparo de los compromisos internacionales
suscritos por el Estado resultan inaceptables. Entre estas
discriminaciones identificó aquella que afecta a los pueblos
originarios, la que se expresa, entre otros ámbitos, en la pobreza que
afecta a sus comunidades, en el otorgamiento de concesiones de
explotación sobre sus tierras, y en la aplicación de legislación anti
terrorista para enfrentar su protesta social. También identificó
aquella que afecta a la mujer, que se manifiesta en las instituciones
legales aún vigentes, como la sociedad conyugal, que lesiona sus
derechos patrimoniales; la relativa a la negación de sus derechos
sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto terapéutico; la
situación de violencia doméstica y aquella que les afecta en el ámbito
del empleo y los ingresos.
Otras
situaciones de discriminación identificadas por la ONU fueron aquellas
que afectan a los niños y niñas, así como la que afecta a los migrantes
que en número creciente llegan a Chile.
Llama
poderosamente la atención la existencia de dos visiones tan
contrapuestas de una misma realidad; la de Bachelet, que da cuenta un
país que avanza en la protección e inclusión social, en el respeto de
la derechos ciudadanos, con la de la comunidad internacional, que
constata la precariedad de nuestras instituciones para reconocer y
garantizar los mismos derechos, así como la persistencia de situaciones
de discriminación intolerables en el siglo XXI.
Llama
igualmente la atención la ausencia total de referencia en el mensaje
presidencial de Bachelet a las conclusiones y recomendaciones de la
ONU, más aún cuando en ella sostiene que Chile es un país respetuoso
del derecho internacional. Habría sido esperable al menos una
referencia a cómo su gobierno explica los evidentes déficits que el
país tiene en el ámbito de los derechos humanos, y a cómo piensa
abordar los desafíos planteados por la comunidad internacional en esta
materia. Ello porque, como la Presidenta no puedo ignorar, sin
reconocimiento pleno de los derechos humanos, sin mecanismos e
instituciones para hacerlos efectivos, no hay protección social posible.
*José Aylwin es co-director del Observatorio Ciudadano.
Publicado por El Mostrador el 01 de Junio de 2009
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/lo-que-el-mensaje-de-bachelet-omitio/