Entrevista a Juan Guzmán Tapia:
“La Ley Antiterrorista es un ejemplo de la debilidad del Estado”
puntualiza
el contexto histórico vivido durante los años como Juez de la Corte de
Apelaciones; retirado de los tribunales, actualmente, dirige el Centro
de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile y
litiga en la defensa de la cineasta Elena Varela, autora del documental
Newen Mapuche; al respecto declaró: “No se ha presentado ningún recurso
para la recuperación del material fílmico. Una vez concluido el juicio
nos vamos a ocupar de las indemnizaciones correspondientes”
Por Mario Casasús, El Clarin, domingo, 28 de junio de 2009
En
entrevista con Clarín.cl el abogado Juan Guzmán Tapia (1939) puntualiza
el contexto histórico vivido durante los años como Juez de la Corte de
Apelaciones; retirado de los tribunales, actualmente, dirige el Centro
de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile y
litiga en la defensa de la cineasta Elena Varela, autora del documental
Newen Mapuche; al respecto declaró: “No se ha presentado ningún recurso
para la recuperación del material fílmico. Una vez concluido el juicio
nos vamos a ocupar de las indemnizaciones correspondientes”
En
1998 Juan Guzmán Tapia, entonces Ministro Especial de la Corte de
Apelaciones, aceptó la querella que interpuso Gladys Marín en contra de
Augusto Pinochet, acusándolo del secuestro y asesinato de la dirigencia
del Partido Comunista de Chile (1976). El Juez se veía impedido para
actuar, ante la vigencia de la Ley de Amnistía, decretada en 1978;
finalmente Juan Guzmán logró indiciar y desaforar a Pinochet,
argumentando “secuestro permanente”, en los casos: Caravana de la
muerte y Operación cóndor, sin embargo la Corte Suprema y la Corte de
Apelaciones desistieron encarcelar a Pinochet por motivos de salud
(sic).
“La
verdad jurídica es muy importante y debe prevalecer sobre la denominada
verdad histórica que muchas veces es muy subjetiva” dijo Juan Guzmán
Tapia al Clarín, en teoría debería ser así, pero se retiró defraudado
del Poder Judicial; ahora dedica su esfuerzo y experiencia a la Cátedra
de Derechos Humanos de la Universidad Central y a la defensa de la
comunidad mapuche, que a su vez lo nombró “tuguntufe” (portavoz) del
pueblo lafquenche. Su regreso a los tribunales, obedece a su
perseverante defensoría de los Derechos Humanos, esta vez litiga por la
libertad de Elena Varela.
MC.-
¿En qué momento se percata de los crímenes de la dictadura?, ¿pensó
renunciar al sistema judicial chileno o marcar la diferencia desde
adentro?
JG.-
No me percaté de los crímenes de la dictadura hasta muy avanzada ésta.
Cuando se sabía de personas que eran muertas por operativos militares,
se pensaba que se trataba del cumplimiento de los apercibimientos del
toque de queda, que estaba advertido; o de hechos sueltos cometidos por
la soldadesca abusando del poder. Todo esto era repudiable, pero estaba
lejos de reflejarnos lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Cuando
comencé a darme cuenta de detenciones ilegales sistemáticas, era
relator en la Corte de Apelaciones de Santiago y no tenía en mis manos
la decisión sobre los habeas corpus o recursos de amparo rechazados. En
esos momentos, pensé que hacía el bien quedándome en el poder judicial.
Por lo tanto, nunca pensé en renunciar del mismo.
MC.-
¿Era viable la primera querella de Gladys Marín en contra de Pinochet?
Lo pregunto ante el blindaje político y jurídico del dictador y senador
vitalicio…
JG.-
Era viable, aunque los abogados que la presentaron dudaron de que yo la
admitiría a tramitación. Luego, pensaron que haría una tramitación
ligera. Más tarde, cuando comencé a procesar a muchos generales,
coroneles, etcétera, jamás pensaron que procesaría a Pinochet. Pero, la
querella me pareció viable desde el principio. Toda persona, a pesar
del blindaje que tenga, puede ser juzgado. Para eso existen los
procesos de desafuero. Y yo solicité tres veces el desafuero de
Pinochet, y la corte de apelaciones lo otorgó en dos ocasiones:
Caravana de la muerte y Operación cóndor y lo rechazó en el caso de la
calle Conferencia.
MC.- En el ámbito de la Justicia Internacional, ¿qué precedente dejó el arresto de Pinochet en Londres?
JG.-
La solicitud de extradición y de prisión para esos efectos respecto de
Pinochet por parte del Juez Baltasar Garzón implicó un gran paso hacia
la aplicación práctica de la jurisdicción penal universal. Desde luego,
el artículo 23.4 de la Ley orgánica del poder judicial otorga a la
Audiencia Nacional española jurisdicción y competencia para conocer y
permitir que se juzgue en España por determinados crímenes de lesa
humanidad, y Baltazar Garzón, al enterarse de que Pinochet se
encontraba de paso por Inglaterra inició el proceso de extradición
necesaria, despachando la orden de arresto correspondiente. Más tarde,
entró en vigencia la Corte Penal Internacional donde se consagró la
jurisdicción internacional que regula el principio de la justicia
universal, que básicamente consiste en que se activa ésta cuando en un
país no se quiere o no se puede investigar o juzgar por ciertos delitos
a una persona que los perpetró dentro de su propio país o en otro. Los
crímenes de la competencia de dicha corte son: genocidio, los crímenes
contra la humanidad, los crímenes de guerra y el de agresión. En todo
caso, la implementación por Garzón de esta nueva forma de persecución
por dichos crímenes pone en guardia a los potenciales de no incurrir en
contra de los crímenes más atroces, que son precisamente aquellos de la
competencia de la ley orgánica mencionada y del Tratado de Roma, que
establece la Corte Penal Internacional.
MC.- ¿Qué pensó sobre la actuación del gobierno de Eduardo Frei en Londres?, ¿y ahora ante la reelección presidencial?
JG.-
Me parece increíble que Frei se atreva a presentarse nuevamente y que
lo apoye la Concertación. Objetivamente pienso que ha sido el peor de
los gobiernos llamados democráticos de Chile. Esto, en lo político y lo
social. Favoreció, eso sí, a las multinacionales, las empresas
forestales, las celulosas, etcétera, en detrimento de los pueblos
indígenas y de la naturaleza misma, entre otras cosas. Desde luego, se
perdió durante su gobierno (y para siempre) la independencia del poder
judicial al quedar supeditado éste al poder legislativo.
MC.-
La periodista Patricia Verdugo hablaba del 11S en New York como inicio
del destape de las cuentas secretas del Riggs Bank; por otra parte, el
abogado Sam Buffone se quejaba de la apatía del Departamento de Estado
Norteamericano, en el Caso Letelier, luego del 11S. ¿Cambió algo en los
Tribunales de Chile después del 11S?, ¿cómo recibió la noticia de las
cuentas del Riggs Bank?
JG.-
Me pareció muy propio de un dictador el hecho de tener cuentas
corrientes millonarias, obtenidos aquellos millones por medios poco
legítimos. Lo que me resultó más sorprendente fue que la gente lo
censurara más por eso que por las violaciones a los derechos humanos.
En cuanto a si cambiaron los tribunales después del 11S/2001, mi
respuesta es: no.
MC.- A falta de concordia entre la verdad histórica y la verdad jurídica, ¿cómo construir una memoria colectiva?
JG.-
La verdad jurídica es muy importante y debe prevalecer sobre la
denominada verdad histórica que muchas veces es muy subjetiva. Hoy, los
medios para investigar son cada vez mejores, por lo que se puede llegar
a una verdad jurídica con mayor facilidad.
MC.-
¿Qué temática propone la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad
Central?, ¿debería ser una materia académica obligatoria para
estudiantes preuniversitarios?
JG.-
Pienso que deberían restaurarse las clases de educación cívica en
la enseñanza secundaria, y en el marco de éstas, enseñarse los derechos
humanos. En cuanto a la enseñanza de DD. HH. en la Universidad,
deberían enseñarse en todas las carreras. En la Universidad Central
tenemos un Centro de Estudios de Derechos Humanos y estamos promoviendo
la enseñanza de estos derechos para alumnos chilenos, extranjeros, todo
tipo de público: civiles, uniformados, etcétera.
MC.- Actualmente, ¿cuál es la mayor debilidad del Estado de derecho chileno en materia de DDHH?
JG.-
Bueno, el poder judicial realmente no es un defensor de los derechos
humanos, como debería serlo en virtud de su potestad conservadora de
estos derechos. Pero pienso que la mayor debilidad está en la falta de
transparencia de lo que ocurre dentro de las cárceles y en la censura
de hecho que existe por parte de los medios de comunicación que incide
en la falta de libertad de informar y en el derecho de las personas a
ser informadas.
MC.-
Por favor, explíquenos la desproporcionada aplicación de la Ley
Antiterrorista en contra de la comunidad mapuche, ¿por qué
desempolvaron la Ley 18.314 en 2003?, ¿cuántos mapuches han sido
juzgados desde entonces?
JG.-
El hecho de haber utilizado la Ley de conductas terroristas es un
ejemplo de la debilidad del Estado, particularmente del poder judicial
en el caso de los indígenas. En vez de corregir y de disponer que los
delitos juzgados conforme a esa ley eran delitos comunes, como lo eran,
los jueces de la Corte Suprema le hicieron el juego al poder ejecutivo
y obviamente atentaron contra el derecho humano del debido proceso. No
sé cuantos indígenas fueron juzgados conforme a dicha ley.
MC.-
Finalmente, ¿ante qué instancia se encuentra la defensa de la cineasta
Elena Varela?, ¿presentó un recurso para la recuperación del material
fílmico?
JG.-
La causa se encuentra en el estado de que los abogados seamos citados
para la audiencia de la preparación del juicio oral. Entonces
indicaremos las pruebas que vamos a utilizar. Solicitamos la
incompetencia del tribunal en Rancagua y el juzgado de garantía acogió
nuestra petición. El juicio va a tener lugar en el sur: Loncoche o
Villarica. La razón de la incompetencia fue que el primer crimen
respecto al cual se refiere esa causa fue cometido en Loncoche. No se
ha presentado ningún recurso para la recuperación del material fílmico.
Una vez concluido el juicio nos vamos a ocupar de la recuperación de
todo y de las indemnizaciones correspondientes.
fuente: http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=17164&Itemid=5202