Consultores del Área de Derechos de UNICEF se reunieron este medio día con el prefecto de Carabineros de la Prefectura Cautín, Hernando Hevia Hinojosa, a raíz de los últimos hechos de violencia que han afectado a niños producto de la acción policial en comunidades mapuche. La instancia internacional está trabajando para desarrollar un proyecto de investigación en la Región de la Araucanía, para analizar qué sucede con la infancia mapuche desde el punto de visto jurídico y del rol de los actores de justicia.
Por Elías Paillan, Observatorio Ciudadano, jueves 08 de octubre de 2009
A raíz de los últimos hechos en que han sido afectados menores de edad mapuche en la región, personeros de UNICEF se reunieron este medio día con el prefecto de Carabineros de la Prefectura Cautín, Hernando Hevia Hinojosa, para manifestarle su preocupación frente a estas situaciones.
Una preocupación primaria que tienen es que dentro del conflicto instalado en la zona no ha existido una preocupación central por lo que ocurre con los derechos de los niños indígenas, “y esto parece que es transversal”, comentó Nicolás Espejo, consultor del Área de Derechos de esta institución que vela por las garantías consagradas en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, agregando que “en general este un tema que recién está empezando a aparecer en la opinión pública”.
De acuerdo a lo señalado por Espejo, durante la reunión se informó al prefecto acerca de un proyecto que se está comenzando a desarrollar en la región y que pretende determinar el impacto que el conflicto está teniendo en los niños y niñas mapuche. En concreto lo que se busca es hacer un análisis preliminar de estos problemas, y de este modo proponer un plan de trabajo para el período 2010-2011 destinado a fortalecer la protección de niños mapuche en el contexto de este conflicto, orientado tanto al sector policial (desarrollo de protocolo, y de intervención en allanamiento) como a jueces y fiscales, para que incorporen una área de protección más directa a niños. Proyecto que se orienta también hacia la sociedad civil de la región, para trabajar en conjunto con ellos en la mejora de la protección de niños y adolescentes.
“Lo que se hizo fue manifestarle nuestra preocupación como UNICEF respecto de denuncias de casos de violencia en contra niños indígenas y evaluar qué cosas se pueden hacer para mejorar los protocolos de intervención de las policías”, acotó Anuar Quemsille, encargado de desarrollar este proyecto de investigación en la Región de la Araucanía sobre lo que sucede con la infancia mapuche desde el punto de visto jurídico y del rol de los actores de justicia.
Estos hechos de violencia policial los ven con mucha preocupación y por eso “la iniciativa que impulsamos debiera llevar a fortalecer los procedimientos de intervención de todos los actores de la red de justicia cuando se trata de niños”, explicaron.
Para ello “hay que mejorar los protocolos de intervención policial, la consideración que tienen los jueces a la hora de determinar órdenes, porque al parecer no se estaría determinando una preocupación central por los impactos que esas decisiones tienen sobre los niños, y también fortalecer los procedimientos de responsabilización e investigación de lo que ocurra”, comentó Espejo.
Afirman, además, que existe un desafío pendiente, ya que muchos de estos casos son conocidos por la jurisdicción militar “y como lo ha establecido la Federación Interamericana de Derechos Humanos respecto del estado de Chile y diversos otros órganos internacionales, esto viola las garantías de un debido proceso y en consecuencia no están dadas todas la garantías necesarias de imparcialidad e independencia en la investigación, y eso puede sembrar una legítima duda de que esas investigaciones no van a arrojar un resultado serio”, puntualizó el profesional.
“Los últimos hechos debieran ser visto como una oportunidad para concentrarnos en mejoras sustanciales a los procedimientos de intervención de todos los actores de la red de justicia y también para revisar los procedimientos sancionatorios en caso de que hayan denuncias en este tipo de casos”, recomendó.
Recordaron que el mandato de UNICEF es por velar por la aplicación efectiva de la Convención de los Derechos del Niño, y tratar de actualizar y que se cumplan los principios fundamentales de este tratado internacional ratificado en Chile. Ese es el mandato en el mundo y particularmente en Chile.
Por ello, en los últimos años UNICEF ha venido trabajando en el desarrollo de políticas interculturales que releven los derechos de los niños que pertenecen a pueblos originarios en Chile, y en ese sentido, la preocupación desde una perspectiva de derechos en el caso de los conflictos es fundamental.
Avances y retrocesos
Como visión general, sin perjuicio de que en Chile se ha avanzado en algunas cosas, explicaron que el país carece de una política nacional integral de infancia y adolescencia, que se base en la Convención, y eso se manifiesta en distintas áreas. Por ejemplo, en lo penal, donde efectivamente existen deficiencias en cuanto a una justicia penal juvenil especializada que ponga énfasis en la inserción social y no en el mero castigo. Y desde luego, en los conflictos y desafíos interculturales, donde la perspectiva de derechos de los niños está ausente, advirtieron.
“No tenemos en Chile una ley de protección de los derechos de la infancia y adolescencia, un proyecto que se tramita hace mucho tiempo, pero que aún no existe. No tenemos defensor de derechos del niño, carecemos en general de un estatuto jurídico y de acciones, recursos y procedimientos que fortalezcan la prevención de los derechos del niño. Ese es el desafió que esperamos que cualquier gobierno tome como objetivo y que nosotros queremos empujar a ello desde UNICEF”,acotó Nicolás Espejo.
Anuar Quesille, consultor que estará viajando a la Novena Región, explicó que tendrá como rol principal desarrollar el proyecto de investigación y de diagnóstico interno para UNICEF en terreno; identificar el impacto que tiene el circuito de justicia en sus diversas actuaciones y de qué manera esto ha generado, de una u otra forma, afecciones a los derecho de los niños pertenecientes a las comunidades mapuche, finalizó.
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