La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son responsables de importantes progresos alcanzados en ámbitos como la despenalización de calumnias e injurias y derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, reformas al fuero militar, acceso a información de interés público y derogación de normas discriminatorias.

Si este órgano ha sido tan exitoso, ¿por qué se ha desatado una campaña en su contra? Porque ha tocado intereses de gobiernos con tendencias autocráticas o tan poderosos como para creer que tienen el peso para no rendir cuentas de sus políticas o prácticas a un órgano de supervisión regional. Lamentablemente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se ha sumado a los esfuerzos que la debilitan.

Si la OEA, que está reunida en Bolivia, aprueba el informe elaborado por el secretario, se reducirá la independencia de la Comisión, al otorgarle a la Asamblea General poderes para redefinir lo que la Comisión y sus relatorías puedan o no hacer. Insulza propone reformar el estatuto de la Comisión en áreas clave para la protección como son las intervenciones urgentes de la Comisión, la tramitación de casos y los informes de países. Por ejemplo, en este último punto, el secretario general propone que los mismos estados monitoreados por la Comisión sean los que definan los términos de esa supervisión, con la posibilidad de dilatar hasta por un año la publicación de esos informes.

Desde 1993 se vienen registrando esfuerzos para desacreditar o recortar las facultades de la Comisión. Gobiernos de distinto tinte ideológico descubrieron la fórmula: grupos de trabajo que se les llama en la OEA de “fortalecimiento del sistema de derechos humanos”, cuando lo que realmente buscan es su debilitamiento.

En estas instancias conviven gobiernos que intentan limitar las atribuciones de la Comisión, y gobiernos que la defienden desactivando las iniciativas más dañinas, lo cual, sumado al apoyo de la sociedad civil, ha permitido a ésta sortear estos procesos inquisitoriales.

Durante más de 30 años no se ha tocado el estatuto, primero, porque no se justifica y, segundo, porque no hay condiciones políticas con gobiernos que son enemigos de la Comisión. No es sorpresa que los gobiernos del Alba estarán complacidos de participar en un proceso de reforma de la Comisión y su Relatoría. Lo que sí puede sorprender es que Brasil también apoye esta estrategia. Es decepcionante que un país que aspira a asumir responsabilidades globales siga boicoteando a la Comisión después que ésta tuviera la osadía de solicitarle información sobre  el impacto de un proyecto hidroeléctrico para comunidades indígenas.

El secretario general justifica este camino, sosteniendo que generará más seguridad jurídica y mejor protección. A juzgar por el récord de algunos gobiernos con sus ciudadanos, me temo que el secretario está equivocado.