En el marco de una Misión Internacional de Libertad de Expresión a la Región de la Araucanía, encabezada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-AMARC y su representación en el país, el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, Fundación Pro Bono y el periódico digital Mapuexpress, el pasado viernes se desarrolló en la ciudad de Lanco el Primer Taller de Radios Comunitarias, ello en la sede de la radio comunitaria Kimche Mapu (Tierra de gente sabia), ubicada en el Valle de Puquiñe-Lumaco.

En la oportunidad, se abordó la difícil realidad que afecta a la radio, a casi un año del inicio de sus transmisiones -está de aniversario este domingo 5 de febrero-, la que ha sido constantemente perseguida por una radio comercial de la comuna de propiedad del concejal (RN) Omar Santana, quien realizó una denuncia en los tribunales argumentando un supuesto “delito” de utilización de un bien de uso público (el espectro radioeléctirco) sin la debida concesión, invocando el artículo 36B(a) establecido por la dictadura.  La fiscalía, tras conocer esta denuncia, resolvió dejar sin efecto el juicio, por principio de oportunidad, pero Santana ha estado presionando a la autoridad reguladora (Subtel) para presentar una recusación.

La Asociación Kimche Mapu, representante legal de la emisora, y en particular su presidenta Mireya Mankepillan, han tenido que enfrentar el hostigamiento y la persecución por culpa de una ley establecida mediante decreto supremo de Pinochet, sin tramitación parlamentario (Ley General de Telecomunicaciones, LGT), solo por ejercer el derecho a informar y expresar opinión, y por fundar una radio propia, como relató emocionada.  “Por este maldito artículo, de una mala ley, es que nos quieren encarcelar a quienes hacemos radio comunitaria.  Pero nosotros no hacemos daño a nadie, por lo que consideramos muy injusto, por eso creemos que el estado chileno debe ajustar sus normativas a las condiciones nuestras, pues esta ley, tanto en los gobiernos de la concertación como en éste, han hecho mal las cosas y una mal uso de este artículo para perseguir a las radios comunitarias”, dijo enfática.

La dirigenta interpeló además al Alcalde de la comuna, Luis Cuvertino (PS), quien se encontraba presente en el taller, a quien llamó a jugársela por defender a las radios comunitarias de la comuna, recordando que su consejo les apoyó con trescientos mil pesos en sus inicios, precisamente por la importancia de la labor que desarrollan.  Recordando que Santana ya logró que se caducará la concesión a la radio comunitaria de Lanco.  Mankepillan puso también sobre la mesa, lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, ratificado y vigente en Chile, que señala que los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libertad de expresión y a desarrollar sus propios medios de comunicación, destacando la buena recepción que ha tenido la radio en la comunidad local.  “La gente nos dice: ‘la radio nos cambio la vida’, y eso es verdad.  Hacemos un bien social y no obstante nos tratan como su hubiéramos cometido delito, y anda la PDI y los carabineros tras nosotros, hasta mis hijos me dicen mamá te van a llevar presa”, relata.  Advirtiendo que no dejarán de transmitir, ya que “defenderemos la radio hasta las últimas consecuencias, porque esto nació a puro ñeque, pura fuerza de la gente del territorio”, culminó la dirigenta radialista.

Posición de AMARC

María Pía Matta, presidenta de AMARC, advirtió en su intervención que esta realidad sucede en muchos lugares del mundo, donde son muchas las radios que son perseguidas por la incomprensión de los políticos, el egoísmo de los privados y del estado y las menos de las veces, por ignorancia.  “Nosotros entendemos la comunicación como un derecho humano, que tiene trascendencia y legislación internacional.  Los pueblos originarios tienen ese reconocimiento, pero los estados desgraciadamente, como es el caso de Chile, tienen un retraso sideral espantoso respecto a otras legislaciones mundiales”, señaló la Periodista.

Matta adelantó que los primeros de marzo en Túnez entregarán a Frank La Rue, Relator Especial de Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas -con quien coincidirán en una conferencia internacional organiza AMARC, a la que se espera acudan unos 500 comunicadores comunitarios-, un informe que entregará un contexto general y referencias a problemas específicos, como el de la radio Kimche Mapu, para pedirle que refiera a estas realidades en su informe sobre Chile y que realice una visita oficial al país y a las comunidades mapuche, para evaluar el resguardo que se hace de la libertad de expresión.  Esta información también será entregada a Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, con quien ha estado en conversación en los últimos días.

Cambios a la ley

Asimismo, Pía Matta anunció que este año propondrán eliminar el artículo 36B(a) de la LGT, no solo en lo relativo a la pena de presidio, sino también en lo que se refiere a la incautación de equipo, además de resolver el que las radios se puedan financiar.

Chile bajó del lugar 47 al lugar 80 en materia de protección de la libertad de expresión, lo que habla muy mal de la política estatal.  Por eso es importante relacionarse y hacer lobby parlamentario, aunque esto sea difícil, porque los parlamentarios responden a la agenda y lobby de la Asociación de Radio Difusores de Chile (ARCHI), asociación que agrupa a las radios comerciales.  “Chile no puede ser una de la naciones, junto con Guatemala, que aplica el derecho penal ante un acto de ejercicio de la libertad de expresión, por eso por ahí irá la mano este año”, asegura.

Legalidad v/s legitimidad

Por su parte Sergio Millaman, integrante del colectivo editorial Mapuexpress, explicó que si bien la investigación contra a radio Kimche Mapu está suspendida, dado los abusivos alcances de la LGT ellos siguen estando expuestos a una posible sanción penal.  “Es inconcebible, en un país que se dice llamar democrático, que el ejercicio de derechos fundamentales como son el de la comunicación y la libertad de expresión, se obstaculice su ejercicio a través de barreras legales y económicas, principalmente, criminalizándoles por no ajustar se a estándares legales”.

Millaman recordó a su vez que el país ratificó el Convenio 169 de la OIT y adhirió a la Declaración Internacional de derechos indígenas de Naciones Unidas, instrumento que, en su artículo 16, refiere expresamente a que los pueblos indígenas deben acceder a los medios de comunicación, a los espacios radioeléctricos, a la prensa escrita, a la televisión, y fundar medios propios.  Así como otros no indígenas a recibir sus contenidos y transmitir sus mensajes; como el uso de la lengua indígena, el fortalecimiento institucional, espiritualidad, territorialidad y defensa a los atropellos en general.

También el Alcalde de Lanco, Luis Cuvertino Gómez, consideró como grave la problemática que sufre la radio comunitaria en cuestión, así como de las dos radios comunitarias de Lanco, “porque lamentablemente el marco regulatorio que hoy día las rigen en el país, permiten que un señor como Santana, que es dueño de una radio y concejal, independientemente de sus conflictos de intereses, pueda por motivaciones tanto políticas como económicas -en concomitancia con la Seremí de Transporte y Telecomunicaciones- perseguir a estas radios”, señaló.

Finalmente, el presidente de la Agrupación de Radios Comunitarias de Lanco, Juan Huanquil, destacó que este encuentro-taller permite generar una posibilidad efectiva de enfrentar de mejor manera la defensa y el trabajo con las radios comunitarias.  Aclarando que la situación de la radio comunitaria de Lanco es muy compleja, pues se le ha caducado la concesión y por ende se los dejó fuera del contexto legal, aunque seguirán funcionando, pero deberán enfrentar la persecución de la propia institucionalidad del estado y del concejal Santana.  Persecución que se ha manifestado desde los inicios de la emisora, donde se generó una campaña en contra de estas radios y sus dirigentes, planteando la necesidad de cerrarlas.

La Misión de Observación que participó en el taller estuvo integrada por María Pía Matta, presidenta de AMARC Internacional; Perla Wilson, de la Red de Mujeres de AMARC; Raúl Rodríguez, de AMARC Chile y miembro del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile; y Branislav Marilic, de Fundación Probono.