Por Paula Vial Reynal*

Uno de sus reclamos principales se dirige en contra de la aplicación de la llamada ley antiterrorista a las causas que se siguen en su contra, como un mecanismo fácil de alcanzar el éxito en las investigaciones.

Por supuesto que parece más que adecuado que las conductas que atentan contra el ordenamiento jurídico sean investigadas, perseguidas y eventualmente sancionadas si se logra probar la comisión de delitos y la participación de algunas personas en ellas.

Lo que sí parece cuestionable es la decisión del Ministerio Público de aplicar la ley Antiterrorista a todas las investigaciones que sigue en el marco del llamado “conflicto mapuche” contra personas de esta etnia, sin distinción alguna. La utilización de esta ley no parece sino la expresión de la máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios. Ello, por cuanto esta normativa desafía el debido proceso y con ello el propio Estado de Derecho que una sociedad democrática como la nuestra se precia de representar.

La ley que sanciona las conductas terroristas en nuestro país, ley N° 18.314, contiene una serie de “ventajas procesales” que exceden el marco de los equilibrios exigidos en la investigación y juzgamiento de un delito.  El origen de legislaciones de este tipo no es sino una concepción de un derecho penal de la emergencia, materializado hoy en un derecho penal del enemigo, que establece regulaciones de excepción, ajenas al respeto y protección de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, incluyendo desde luego a los mapuches.

Los testigos sin rostro, la extensión de los plazos de detención, un sistema de presunciones exacerbadas, el secreto de la investigación, son herramientas que el nuevo sistema procesal penal ha dejado atrás afortunadamente. La igualdad de armas en el debate judicial, los equilibrios de fuerzas en el desarrollo de las investigaciones penales, la posibilidad de ejercer una defensa de calidad que desafíe los estándares de la investigación de los fiscales, son logros democráticos de nuestra institucionalidad, que se abandonan en una legislación que antepone el resultado al respeto de los derechos de las personas. La paz social obtenida con reglas de guerra es ficticia e inestable.

En la anticipación de juicios con que se actúa, decidiendo discrecionalmente la aplicación de estas normas singulares, falta un ejercicio riguroso del principio de objetividad que debe regular el actuar del órgano persecutor. Es cómodo recurrir a disposiciones que flexibilizan las reglas generales, dando prerrogativas que ocultan o disimulan las falencias investigativas al utilizar los instrumentos tradicionales del proceso penal.

La ley no es rigurosa en el sentido exigido para los delitos penales y establece una definición demasiado amplia de lo que debe entenderse por delito de terrorismo, casi cualquier acto, incluso uno que suponga ejercicio de un derecho, que fuerce la decisión de autoridad, lo que permite una interpretación de terrorismo a la chilena, en un “cajón de sastre” en el que cabe todo.

Asimismo, las sanciones que se señalan al catálogo de delitos allí contemplados permiten sin dificultad la aplicación de la prisión preventiva a quienes son perseguidos en ese marco, sin espacio para esgrimir un necesario escudo de inocencia.

Así, los delitos comunes de homicidio, incendio o lesiones pueden aumentarse en uno, dos o tres grados, lo que supone en números poder saltar desde una pena que parte de 541 días a permitir la solicitud de penas que sobrepasen los 50 años. El riesgo de decretar la prisión preventiva para personas que luego sean absueltas es evidente.

Pero, por otro lado, ¿basta con ser mapuche para que se aplique esta ley? Si permitimos una aplicación no cuestionada a ciertos grupos, ¿no corremos el riesgo de permitir una discriminación que no deseamos en nuestro país? ¿Cuál será el siguiente grupo a quién alcance esta herramienta amedrentadora?

Sin duda Bertold Brecht advertiría a judíos, curas, negros o comunistas. ¿Por qué no agregar a jóvenes o gitanos? ¿Qué espacio le damos a la exigencia responsable de pruebas contundentes, vinculación estrecha y evidente de la participación de estas personas en delitos a los que se les cataloga con tanto rigor?

Todos queremos que se investigue, que se obtengan logros en aquello y que ojalá se sancione con justicia a quienes han cometido delitos. Pero no a cualquier costo. Una justicia que ponga el debido proceso como norte de su actuar, con respeto de las garantías de todos los ciudadanos, sin distinción, es una justicia que nos honra y enaltece como comunidad. Nos lo debemos.

Publicada el 2/9/´10  en el semanario The Clinic.

* Defensora Nacional.

Por Ninoska Leiva, jueves 02 de septiembre de 2010

Concejales de San José de Maipo llegaron hasta La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera solicitando que intervenga en la realización del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo de la empresa AES Gener y que incorpore a esta comuna en el mapa de zonas protegidas que elaborará el ministerio de Bienes Nacionales.

Alto Maipo busca construir una represa a través de un sistema de 70 kilómetros de túneles, atravesando todos los cerros de la comuna, además de entubar tres cuencas hidrográficas, con el fin de entregar 500 megawatts de potencia al Sistema Interconectado Central.

La principal denuncia de los concejales es que este proyecto se aprobó con graves irregularidades a fines del gobierno de Michelle Bachelet, algo que habría sido demostrado en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

“El Presidente Piñera debe pronunciarse sobre este proyecto porque, a diferencia de lo que ocurrió con Barrancones, nosotros además de alegar que este proyecto está en un área turística tenemos el respaldo de toda la Cámara de Diputados, la cual concluyó de manera unánime que el proceso de evaluación, aprobación, resolución y calificación ambiental por parte de la Corema  estuvo viciado”, sentenció el concejal de San José de Maipo y militante de Renovación Nacional, Eduardo Astorga.

Entre las irregularidades que se esgrimen se encuentra, por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental muy acotada y el otorgamiento de permisos sin pasar por todos los trámites que exige la ley. Asimismo, el permiso de aguas debe otorgarse en conjunto con la aprobación de la Corema,  ya que es uno de los requisitos para ésta, pero en este caso se entregó después.

Los  miembros del Concejo Municipal también reclaman la “poca transparencia” que existe en la actual legalidad ambiental. Andrés Venegas, concejal concertacionista, advierte que todos los problemas están relacionados a la falta de regulaciones en materia ambiental.

“Acá en Chile la Conama y la Corema son supra poderes que hacen y deshacen cuando quieren, sin que el Parlamento, la Justicia ni las comunidades puedan apelar. Esto quedó en evidencia con Barrancones…esto queda en evidencia con lo que ocurre ahora con Alto Maipo”, señaló Venegas.

El concejal hace alusión a la serie de irregularidades encontradas por la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, quienes recibieron esta denuncia por parte de estos mismos concejales, lo que los llevó a estudiar el caso y, posteriormente, encontrar que el proceso de evaluación, aprobación, resolución y calificación ambiental de la Corema no fue correcto. Sin embargo, y pese a que se rechazó Alto Maipo por unanimidad en la comisión y por 116 votos en sala, el proyecto recibió todos los permisos.

Esto, porque el Congreso no tiene la potestad de intervenir directamente en las resoluciones de la Corema y sólo actúa como un ente fiscalizador que puede entregar recomendaciones. Lo mismo que la Dirección del Trabajo o la Contraloría General de la República. Situación que para el diputado PPD Enrique Acorssi, miembro de la comisión de Medio Ambiente, es “lamentable” y adelantó que a mediados de septiembre presentará un recurso de protección para impedir la ejecución de la central hidroeléctrica.

“Hay que aprovechar que pese a tener la aprobación para su ejecución, el proyecto está entrampado en la Dirección General de Aguas, donde falta entregar un permiso que permitiría iniciar las obras, el cual se daría en algún tiempo más, porque esas cosas demoran. La idea es actuar antes de que ese permiso se otorgue “, dijo el parlamentario.

La comuna de San José de Maipo presenta un nivel de cesantía de alrededor del 20 por ciento, situación que estaría siendo utilizada por la empresa AES Gener, ya que el principal argumento para instalar el proyecto es “el otorgamiento de empleo”, sin embargo, son muchos los habitantes de esta zona, esencialmente turística, que se oponen a la intervención del medio ambiente. De hecho, el pasado domingo los vecinos del Cajón del Maipo y sus alrededores salieron a las calles en cabalgatas familiares, acompañados de representantes comunales para protestar en contra del proyecto hidroeléctrico.

Frente a las presiones que la ciudadanía organizada y ahora los políticos están ejerciendo para detener esta central hidroeléctrica, en el Gobierno señalaron,

a  través de la vocera  Ena von Baer, que se está estudiando el tema y que  “en nuestro país existe una legislación ambiental que está funcionado y que hay que respetar”.

De todas formas, las puertas aún no están completamente cerradas, pues la ministra afirmó que “se está avanzando para poder hacer una zonificación sobre los lugares que estén inhabilitados para al instalación de centrales hidroeléctricas”. Los vecinos esperan que el famoso Cajón del Maipo se incorpore en esta lista de la redención, de lo contrario, ya se prevé un movimiento de oposición similar a lo que ocurrió con Barrancones.

Fuente: http://www.elclarin.cl/

Por José Luis Vargas, Observatorio Ciudadano, 02 de septiembre de 2010

En el día de hoy, y después de más de una semana de juicio oral, se dio a conocer el veredicto condenatorio para el ciudadano vasco, Asel Luzarraga, quién arriesga una pena 5 años de presidio y la posibilidad de ser deportado de Chile, luego de ser declarado culpable de la tenencia de partes, piezas y elementos destinados a elaborar artefactos explosivos.

Cabe recordar, que Asel Luzarraga había sido imputado por su supuesta participación en dos atentados explosivos ocurridos en Temuco en 2009. El primero de ellos a una farmacia el 7 diciembre y otro no detonado en la Seremi de Justicia el mismo día de su detención, el día 31 de diciembre del año pasado. Todo ello a pesar de que del 22 de noviembre al 12 de diciembre de 2009, el jóven escritor estuvo fuera del país.

Producto de estas imputaciones, estuvo detenido en la cárcel de Temuco mientras se desarrollaba la investigación de estos hechos, decretándose luego su libertad pero con médidas cautelares de arresto domiciliario total (todo el día) hasta junio de este año, y posteriormente modificadas a arresto domiciliario nocturno desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana, y arraigo nacional. Paradojalmente, en forma paralela se cursó además un decreto de expulsión en su contra, a pesar de nunca comprobarse la participación real Luzarraga en los hechos anteriormente señalados.

Para el próximo martes 07 de septiembre, se hará lectura de la sentencia definitiva de este caso.

Por Francisco Mardones, jueves 02 de septiembre de 2010

Hoy, los 32 presos Mapuche de las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia cumplen 53 días en huelga de hambre demandando el fin de la Ley Antiterrorista, la devolución de tierras indígenas ancestrales y su libertad.

Ayer se sumaron a la huelga de hambre dos jóvenes recluidos en la Cárcel de Menores de Chol Chol, los dos primeros menores de edad formalizados por la Ley Antiterrorista en América Latina.

La medida nuevamente fue rechazada por el Gobierno, desde donde llamaron a deponer las huelgas, como lo señaló el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

“Lo que hemos pedido es deponer la huelga de hambre. Sumar más gente a la huelga de hambre, menores de edad a la huelga de hambre me parece una insensatez”, subrayó el jefe de gabinete.

Las comunidades mapuche siguen movilizadas en todo el país. En Santiago una multitudinaria marcha que convocó a más de seiscientas personas en el centro de la capital, sirvió para reafirmar el compromiso con los huelguistas y sus demandas, como lo indicó el vocero de Temuco, Eric Millán.

“A 52 días de huelga de hambre seguimos firmes en nuestras peticiones. Si este Gobierno no se pronuncia sobre la Ley Antiterrorista, cambiar el doble procesamiento de nuestros peñis y la devolución de todas las tierras robadas y usurpadas seguiremos firmes hasta ver la muerte si este Gobierno no se pronuncia. En el Bicentenario que nosotros como pueblo y nación no tenemos nada que celebrar, ya que, nos han robado, nos han torturado y nos han matado”, indicó Millán.

Las marchas se repitieron por diversas ciudades del país. Incluso, en la Región de Los Lagos, las comunidades de Puerto Montt y Chiloé amenazaron con plegarse a la huelga de hambre.

María Tralcal, otra vocera de las comunidades indicó que no están de acuerdo con las modificaciones a la Ley Antiterrorista anunciadas por el Ejecutivo y que prefieren ver cambios concretos y no sólo promesas.

“Se puede recalificar la querella y creemos que sería una buena señal hacerlo para el Bicentenario. No es una guerra contra el pueblo chileno, no es una guerra contra el Presidente, lo consideramos un tema país”, señaló la vocera.

Como ya es costumbre, los Historiadores en Apoyo al Pueblo Mapuche solidarizaron con sus demandas y afirmaron que lo que ofreció el gobierno son sólo promesas.

El historiador de la Universidad de Chile Sergio Grez aseguró que el Estado continúa en la misma línea que se trazó hace más de 200 años, la de la represión y las amenazas, donde sólo imponen condiciones para dialogar, como hoy lo hace el gobierno de Piñera que pide el fin de las huelgas de hambre.

“La vocera de Gobierno ha llamado a deponer la violencia y a que los mapuches hagan un compromiso previo de no utilizar nunca más la violencia cuestión que parece bastante curiosa porque la violencia inicialmente fue aportada por los invasores, esto es, las fuerzas coloniales españolas primero y la fuerza del Estado republicano chileno después, lo que ha continuado hasta nuestros días por lo que  vemos que se vive cotidianamente en la Araucanía. Las comunidades mapuches son objeto de allanamientos constantes, malos tratos, vejaciones de todo tipo”,

Para el próximo martes, el movimiento de Historiadores en Apoyo al Pueblo Mapuche organizó una manifestación en las puertas del Archivo Histórico Nacional, como una forma de seguir rompiendo lo que califican como un cerco mediático que ya no puede seguir escondiendo la realidad de las cárceles en las que hay presos mapuche.

Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/81164/

Ricardo Brodsky

El movimiento se ha desarrollado en medio de un insólito cerco informativo, el que sólo comenzó a romperse –vaya paradoja- gracias al desenlace de las huelgas de hambre en las cárceles cubanas. En efecto, comenzó  a ser insostenible para los editorialistas sostener la amplia cobertura al movimiento cubano junto con la clausura del movimiento en Chile. El Gobierno, después de buscar ignorar el problema,  presentó un recurso de protección para obligar a los huelguistas a recibir alimentación por vía intravenosa. La Corte de Apelaciones acogió dicho recurso para los mapuche que iniciaron el movimiento.

La huelga de hambre es una medida de presión no violenta que obliga a interrogarse respecto de las causas que la originan. Consiste en un acto desesperado de autoflagelación para llamar la atención de la comunidad con el propósito de reivindicar un derecho o exigir el cambio de unas normas que se consideran injustas o cuya aplicación resulta arbitraria. Tal fue el caso de las muchas huelgas de hambre que protagonizaron chilenos para protestar en tiempos de la dictadura; tal es el caso de los huelguistas cubanos y también es el caso de la huelga de hambre de los presos mapuche.

La protesta mapuche es justa porque se les somete a proceso invocando la ley antiterrorista en circunstancias que las acciones por las que se les acusa generalmente corresponden a conflictos entre privados que derivan en hechos de violencia.

Por otra parte, es claro que la ley antiterrorista –dictada en tiempos de Pinochet, lo que implica un yerro de legitimidad- tiene vicios de constitucionalidad que afectan gravemente los derechos de los procesados. En efecto, como sostiene José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch –a quien la prensa chilena le ha otorgado amplia credibilidad en sus declaraciones relativas a la situación en Venezuela y Cuba- “La ley antiterrorista es inaplicable a estas conductas delictivas (de los mapuche) y además viola las obligaciones jurídicas de Chile de garantizar el respeto al legítimo derecho de todos, incluidos los mapuche, al debido proceso”. Pero además de negar derechos procesales básicos, en la práctica, según Vivanco,  “cuando los mapuche comparecen ante los tribunales militares, ya sean en calidad de acusados de delitos o víctimas de abuso, se enfrentan a una verdadera denegación de justicia”.

La ley antiterrorista además, en estos casos, se aplica de manera arbitaria y discriminatoria basados no en circunstancias objetivas sino en criterios o prejuicios racistas. Basta leer las permanentes y abundantes declaraciones del fiscal a cargo de la persecución contra los mapuches para darse cuenta que ello es así. Los mapuche son “el enemigo”.

Es hora de que sociedad chilena cambie su actitud. Al acercarse a los 50 días de huelga de hambre la situación comienza a tornarse crítica. De hecho, ya hay dos comuneros que presentan graves síntomas de deterioro de su salud. No es razonable que el gobierno se niegue a dialogar con los representantes de los huelguistas para buscar un camino de solución. El mundo político concertacionista también debe reaccionar, ya que tiene una enorme cuota de responsabilidad en esta crisis. No se  trata de dejar hechos de violencia en la impunidad, pero sí de que estos sean juzgados conforme a las prácticas de una sociedad civilizada: respetando los derechos de los acusados y las normas comunes del debido proceso.

Fuente: http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/huelga-de-hambre-mapuche-casi-50-d%C3%AD-de-lucha-silenciada

Por Ricardo Brodsky

El movimiento se ha desarrollado en medio de un insólito cerco informativo, el que sólo comenzó a romperse –vaya paradoja- gracias al desenlace de las huelgas de hambre en las cárceles cubanas. En efecto, comenzó  a ser insostenible para los editorialistas sostener la amplia cobertura al movimiento cubano junto con la clausura del movimiento en Chile. El Gobierno, después de buscar ignorar el problema,  presentó un recurso de protección para obligar a los huelguistas a recibir alimentación por vía intravenosa. La Corte de Apelaciones acogió dicho recurso para los mapuche que iniciaron el movimiento.

La huelga de hambre es una medida de presión no violenta que obliga a interrogarse respecto de las causas que la originan. Consiste en un acto desesperado de autoflagelación para llamar la atención de la comunidad con el propósito de reivindicar un derecho o exigir el cambio de unas normas que se consideran injustas o cuya aplicación resulta arbitraria. Tal fue el caso de las muchas huelgas de hambre que protagonizaron chilenos para protestar en tiempos de la dictadura; tal es el caso de los huelguistas cubanos y también es el caso de la huelga de hambre de los presos mapuche.

La protesta mapuche es justa porque se les somete a proceso invocando la ley antiterrorista en circunstancias que las acciones por las que se les acusa generalmente corresponden a conflictos entre privados que derivan en hechos de violencia.

Por otra parte, es claro que la ley antiterrorista –dictada en tiempos de Pinochet, lo que implica un yerro de legitimidad- tiene vicios de constitucionalidad que afectan gravemente los derechos de los procesados. En efecto, como sostiene José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch –a quien la prensa chilena le ha otorgado amplia credibilidad en sus declaraciones relativas a la situación en Venezuela y Cuba- “La ley antiterrorista es inaplicable a estas conductas delictivas (de los mapuche) y además viola las obligaciones jurídicas de Chile de garantizar el respeto al legítimo derecho de todos, incluidos los mapuche, al debido proceso”. Pero además de negar derechos procesales básicos, en la práctica, según Vivanco,  “cuando los mapuche comparecen ante los tribunales militares, ya sean en calidad de acusados de delitos o víctimas de abuso, se enfrentan a una verdadera denegación de justicia”.

La ley antiterrorista además, en estos casos, se aplica de manera arbitaria y discriminatoria basados no en circunstancias objetivas sino en criterios o prejuicios racistas. Basta leer las permanentes y abundantes declaraciones del fiscal a cargo de la persecución contra los mapuches para darse cuenta que ello es así. Los mapuche son “el enemigo”.

Es hora de que sociedad chilena cambie su actitud. Al acercarse a los 50 días de huelga de hambre la situación comienza a tornarse crítica. De hecho, ya hay dos comuneros que presentan graves síntomas de deterioro de su salud. No es razonable que el gobierno se niegue a dialogar con los representantes de los huelguistas para buscar un camino de solución. El mundo político concertacionista también debe reaccionar, ya que tiene una enorme cuota de responsabilidad en esta crisis. No se  trata de dejar hechos de violencia en la impunidad, pero sí de que estos sean juzgados conforme a las prácticas de una sociedad civilizada: respetando los derechos de los acusados y las normas comunes del debido proceso.

Fuente: http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/huelga-de-hambre-mapuche-casi-50-d%C3%AD-de-lucha-silenciada

Por El Clarín, miércoles 1 de septiembre de 2010

Mediante una declaración pública la articulación ambiental ciudadana, denuncia que “polimetales, escasez de agua, boro, agroquímicos, transgénicos, geotermia, minería, basura, plásticos, espigones en la costanera, destrucción patrimonial por el Dakar, desafectación del “Parque Nacional Lauca”, minas antipersonales y antenas de telefonía celular, están provocando graves problemas de contaminación y degradación de nuestros recursos naturales en toda la región, afectando ecosistemas, la salud y calidad de vida de las personas, vulnerando nuestros derechos de acceso a recursos básicos para una vida digna”, manifiestan.

Agregan que “estos problemas resultan agravados por la deficiente fiscalización de las actividades industriales y sus impactos, ante el retraso de políticas públicas orientadas a la protección del medio ambiente y la falta de voluntad política de nuestras autoridades, para enfrentar y resolver estos problemas”.

Puntualizan que “la política gubernamental ha priorizado la explotación y comercialización de recursos naturales para cumplir con metas de crecimiento macroeconómico. La concentración de los beneficios de este modelo en el sector empresarial (agrícola, sanitaria, minero, pesquero, forestal, eléctrico), ha generado problemas persistentes de inequidad social y ambiental.  Este modelo, además de ser no sostenible en el medio, resulta socialmente inaceptable, por favorecer y privilegiar la concentración de la riqueza en este sector económico”.

La Red argumenta que “ya no se trata sólo de  los pueblos de Surire, Copaquilla y Camarones,  o del Parque Nacional Lauca, los valles de Lluta y Azapa, y el borde costero ariqueño, o las poblaciones como: los Industriales, Cerro chuño y Santa María, ahora es toda la Región de Arica y Parinacota  quién se encuentra afectada por la contaminación ambiental. Testigo de esto son los propios afectados, que han denunciado esto constantemente, y  también los estudios técnicos hechos por diversas entidades”.

Finalmente la instancia compuesta por organizaciones sociales, indígenas, ambientales y ciudadanas en general, declara unirse “al sentir y clamor de la población y se adhiere al movimiento de las redes sociales ecológicas y medioambientales existentes en todo Chile, como una forma de enlazarnos en la búsqueda  permanente de justicia ambiental”.

http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=22232&Itemid=45

Por Claudia Urquieta Ch. El Mostrador.cl, 1 de Septiembre de 2010

El 31 de marzo de 2011 la Conama Regional de Coquimbo deberá finalizar la evaluación ambiental de la Central Termoeléctrica Cruz Grande, que pretende instalarse a 30 kilómetros de Punta de Choros.

A sólo cinco kilómetros de donde pretendía instalarse la polémica central Barrancones, de Suez-Energy -aprobada por la Corema de Coquimbo y luego rechazada por el Presidente Sebastián Piñera-, la Compañía Aceros del Pacífico (CAP) tiene otro proyecto a carbón en carpeta. Y según anunció la compañía, “no está contemplado retirar el proyecto”.

Más allá de las consecuencias políticas o del destino de la iniciativa de US$ 460 millones, la institucionalidad ambiental que deberá evaluar y decidir si dar viabilidad o no al proyecto, enfrenta un duro dilema relacionado con conflictos de interés. Todos relacionados con Gestión Ambiental Consultores (GAC), firma encargada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Cruz Grande.

GAP-Amigos

La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, fue gestora de proyectos de GAC, la consultora propiedad del actual representante del Centro de Estudios Públicos (CEP) en el Consejo de la Conama,  Ricardo Katz.

Desde que Katz fundó GAC en 1992, Benítez trabajó como jefa de proyectos Senior, y entre 2005 y 2007 fue subgerenta del Departamento de Administración y Finanzas. En su cargo como jefa de proyectos formó parte del equipo que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental de la termoeléctrica Cruz Grande. Varios de sus profesionales ocupan hoy puestos claves en la institucionalidad ambiental.

Desde que Katz fundó GAC en 1992, Benítez trabajó como jefa de proyectos Senior, y entre 2005 y 2007 fue subgerenta del Departamento de Administración y Finanzas. En su cargo como jefa de proyectos formó parte del equipo que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental de la termoeléctrica Cruz Grande.

La ministra fue coordinadora del proyecto. El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) Ignacio Toro, participó en el área de modelación de descarga del efluente.

Ricardo Katz, en tanto, actuó como director y estuvo a cargo de la supervisión general. También participó el actual jefe del Departamento de Recursos Naturales, Leonel Sierralta, que supervisó la línea base de la iniciativa.

La directora de Conama de la Región de Coquimbo, donde pretende instalarse la central a carbón de CAP, Claudia Rivera, también trabajó en Gestión Ambiental Consultores. Actualmente su esposo continúa laborando allí.

El lunes, la senadora Soledad Alvear solicitó a la ministra Benítez que se inhabilite de pronunciarse sobre la factibilidad ambiental de Cruz Grande. Además, se entrevistó con el contralor Ramiro Mendoza, a quien le expuso la situación de las autoridades ligadas al EIA de la termoeléctrica de GAC.

El solucionador ambiental

Como gestora de proyectos en GAC, el rol de la ministra Benítez durante casi 20 años fue el de tramitar e impulsar iniciativas  energéticas. Algunas de las compañías en que ha liderado proyectos, además de CAP, son Endesa, Elecmetal, del grupo Claro y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de la familia Matte.

Familia a la que, según fuentes del sector, Ricardo Katz está muy ligado. De hecho se lo reconoce como “el consultor ambiental de los Matte. Lleva todos los temas de la papelera (CMPC)”. Pero además, es conocido por ser el “solucionador de problemas” ambientales complicados de grandes grupos económicos, como los Angelini y los Luksic “que varias veces han recurrido a él”.

Desde la década de los ’80 el ingeniero civil ha estado ligado al tema ambiental. Mientras trabajaba en la Intendencia Metropolitana y en la Comisión Nacional de Energía, conoció a Benítez, que trabajaba en la Oficina de Planificación (Odeplan).

Durante el gobierno de Patricio Aylwin, formó parte de la primera comisión encargada de los problemas de contaminación de la capital, tras lo cual fundó GAC.

“Súper” conflicto de interés

Según un abogado experto en el tema, hay una serie de leyes relacionadas con conflictos de interés por los que las autoridades deben abstenerse. Entre ellos el artículo 12 y 11 de la ley de Procedimientos Administrativos. O el dictamen de la Contraloría que marca jurisprudencia al respecto.

Por lo tanto “todas estas autoridades deberían inhabilitarse”. Y en base a este dictamen “no sólo tendrían que abstenerse de decidir sino de participar de todo el procedimiento”, explica el abogado.

Y recalca que “este caso es una situación extrema de conflicto de interés. Hasta el momento todo el debate que ha existido ha recaído en una autoridad en particular,  pero cuando el nombramiento del equipo completo está ligado a una misma empresa se genera un lío de proporciones, porque podría dejar a un sector sin autoridades que decidan o que despierten sospechas frente a su imparcialidad. Y aquí tienes toda la línea de la Conama comprometida”.

En la práctica, los cargos más importantes de la institucionalidad ambiental deberían dejar el proceso de evaluación de Cruz Grande a subrogantes. “Se produce un problema de ética pública muy grande. ¿Cómo una consultora literalmente se instala en la autoridad ambiental?”.

fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/09/01/los-infiltrados/

Por Cooperativa.cl, miércoles 1 de septiembre de 2010

La vocera de la coordinadora de familiares de los 32 comuneros mapuches en huelga de hambre, María Tralcal, aseveró que el grupo entró ya en un estado crítico y de “riesgo vital”, debido a la pérdida de peso en los 52 días de manifestación.

ImagenEn opinión de los médicos que los han evaluado, los manifestantes “ahora ya entran en una etapa crítica, donde probablemente van a perder más tejido muscular y quizá en los próximos días ya se empiezan a resentir los órganos nobles”, como riñones, pulmones, corazón e hígado.

Tralcal dijo a El Diario de Cooperativa que como familiares están muy preocupados, pero “también entendemos que los hermanos tomaron la decisión y su postura siempre ha sido hasta las últimas consecuencias. Los apoyamos como familiares aunque nos duela mucho, pero tenemos que respetar la decisión de ellos”.

Según Tralcal, los huelguistas buscan que no se aplique la Ley Antiterrorista en causas mapuches y poner fin al doble procesamiento de justicia civil y militar, porque “no entendemos la aplicación de dicha ley a nuestro contexto”.

Proyecto de ley complejo

Respecto al proyecto de ley anunciado por el Gobierno para modificar la justicia militar y la ley antiterrorista, Tralcal dijo que es un tema “súper complejo” y que desconoce si hay intenciones de resolver el problema de fondo.

“Sobre los hechos terroristas hay demasiada ambigüedad” en contenido y aplicación, porque cualquier hecho puede ser considerado así según el criterio del juez, y que en el conflicto mapuche “no hay hechos de sangre, que es lo que nosotros entendemos por terrorismo”, explicó Traical.

De todas maneras, la familiar valoró el gesto del miércoles porque “se debe a que no se podían quedar abajo de la conversación “aunque fue “bastante tarde” ya que “no creo que sea justo que lleguemos al Bicentenario con 32 presos políticos en huelga de hambre”.

Fuente: http://www.cooperativa.cl/comuneros-mapuches-en-huelga-de-hambre-entraron-en-situacion-critica/prontus_nots/2010-09-01/083731.html