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Mariscos y peces del mar chileno en riesgo de extinción

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Sobreexplotación, causa principal: La población marina chilena se encuentra en peligro. En documentos entregados por la Subsecretaría de pesca se informa la gran disminución de recursos marinos debido, principalmente, a la sobreexplotación industrial y su pesca de arrastre.

Por Sebastián Fierro Kalbhenn, El Ciudadano, sábado 1 de enero de 2010


En Chile, la actividad pesquera está regulada por la ley Ley N° 18.892, de 1991, conocida como Ley General de Pesca. Diez años después de su promulgación, fue modificada por la llamada ‘Ley corta’, impulsada por la administración de Ricardo Lagos. El ex presidente, en su mensaje a la Cámara de Diputados para el inicio del proyecto de la reforma, señalaba que la legislación anterior había fomentado “la explotación irracional de los recursos pesqueros; la exagerada sobreinversión en esfuerzo de pesca; la política extractiva de los recursos, absolutamente contraria a un desarrollo armónico que optimice las ventajas comparativas del país y la inestabilidad laboral, con empleo temporal y gran inseguridad social”.

Paradójicamente, estas modificaciones a la ley de pesca fomentaron exactamente lo que en el discurso se pretendía erradicar. La situación actual en los mares es la expresión más pura del descontrol industrial sobre los mares. 50% menos de biomasa; entre un 70 y un 80% de pescadores artesanales desempleados, arrojados a actividades secundarias como la recolección de huiro con una tasa de mortalidad altísima; y un virtual “desierto azul”, son solo algunas de las consecuencias más inmediatas de la pesca industrial y su arte particular, la pesca de arrastre.

Esta reforma, la ley N° 19.713, fue la consolidación del proceso de privatización de los recursos marinos, monopolizando los accesos para las grandes industrias en detrimento directo de las pesqueras artesanales. Además, legalizó nocivas prácticas para los recursos hidrobiológicos como el descarte y, especialmente, el arte de arrastre, principal responsable de la desertificación de suelo marino ya que no discrimina en el momento de la extracción, matando población joven o desovante e interrumpiendo ciclos enteros de reproducción.

EL SISTEMA DE CUOTAS Y LA DRÁSTICA CAÍDA EN LA POBLACIÓN HIDROBIOLÓGICA

En el 2001, año inaugural de las modificaciones a la ley de pesca, comenzó a operar el sistema de Límite Máximo de Captura por Armador, LMCA, el cual asigna una cuota tope de toneladas que pueden extraer las pesqueras. Esta asignación está formulada bajo informes técnicos entregados por la Subsecretaria de Pesca al Consejo Nacional de Pesca, CNP, entidad que fija un número determinado de toneladas que pueden ser extraídas anualmente por los sectores industriales y artesanales. A su vez, la Subsecretaría encomienda la elaboración de estos informes al Instituto de Fomento Pesquero (Ifop), quienes son los técnicos detrás de la investigación de los recursos marinos. La aplicación de estas cuotas, sumada a un marco regulatorio más estricto, prometían detener la extracción irracional por parte de las pesqueras industriales.

Sin embargo, hace algunas semanas la Subsecretaría de Pesca dio a conocer en un informe la condición real de los recursos marinos tras la aplicación de las modificaciones a la ley de pesca. La situación distaba bastante de las optimistas proyecciones de la reforma. El drástico descenso en la captura de las pesqueras es reflejo de un abrupto decaimiento en la biomasa marina, en donde en los últimos años las pesqueras ya no extraen ni la mitad de lo que las cuotas indican.

El propio ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, describió la situación como “crítica”. “La sustentabilidad de los recursos a largo plazo está en riesgo, debido principalmente a la sobreexplotación. Existen casos críticos como el del jurel, la raya y el congrio dorado, que amenazan con desaparecer. Es la hora de hablar con la verdad. Hay que reducir drásticamente las cuotas globales de las pesqueras si es que queremos conservar los recursos marinos”, sostuvo Fontaine.

El jurel, el recurso más importante en el país en términos de volumen de captura, se encuentra en condición de sobreexplotación aguda que amenaza incluso con su agotamiento, poniendo en riesgo el sustento de 10 mil trabajadores directos. A pesar de esto, el CNP sigue decretando grandes cuotas para su extracción. De hecho, para el 2009, dictaminó una cuota en un 87% superior a la recomendada por el Ifop.

“En las deficiencias del manejo pesquero reveladas en este informe, se encuentra una de las principales causas del agotamiento del jurel en las aguas de la zona económica exclusiva chilena. Creemos que es indispensable una reducción significativa de la cuota global anual de jurel que, al menos, sea consistente con lo recomendado por el Ifop al respecto”, señaló Alex Muñoz, director ejecutivo de Océana, ONG que lucha por la defensa de los recursos marinos.

“LA RESPONSABILIDAD ES DE LOS INDUSTRIALES”

Para Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, los responsables están claros: “Los industriales son los culpables de esta catástrofe, basta pensar que los recursos que ellos más explotan son los que están en condiciones críticas. Por ejemplo el jurel, que en un 95% es trabajado por las grandes pesqueras, es uno de los más afectados. En cambio, la sardina, que en mayor medida es trabajada por nosotros los artesanales, está en parámetros normales”, insiste el dirigente.

“La autoridad pesquera no da ni un pez sin que sea acordado por el Consejo Nacional de Pesca, el que es dominado por los propios industriales y sus empleados. Entonces, deberíamos analizar cuál es el rol de este Consejo que decide cuál va a ser la cuota y que mayoritariamente está integrado por quienes reciben esas cuotas… es como dejar a los conejos cuidando las zanahorias… pero conejos con dientes de tiburón”, argumenta el pescador e incipiente político de San Antonio.

Para los pescadores artesanales, la lucha está enfocada en la próxima discusión de la ley de pesca que vence el 2012. “Los artesanales queremos que se nos devuelva, por ejemplo, el 100% de la sardina y anchoveta, parte de la cual fue asignada al sector industrial, sobre la base de sus penetraciones ilegales a las cinco millas de reserva artesanal”, afirma Caracciolo, “pero finalmente, nuestro norte es que los industriales se vayan de los mares”, para dejar espacio a que no conviertan en un desierto el fondo submarino.

31/12/2010
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